Bolivia: a un año de la masacre, Sacaba recuerda a sus víctimas

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Al menos diez personas murieron en manos del ejército y la policía del régimen de Áñez. La Asamblea Legislativa aprobó el inicio de un juicio de responsabilidades contra la presidenta interina y varios de sus exministros. Además una misión de la CIDH llegará al país el 23 de octubre para investigar los hechos.

“¡Honor y gloria a los caídos de Senkata y Sacaba!”. Ésas fueron las primeras palabras del emotivo discurso de posesión del presidente de Bolivia, Luis Arce, el pasado ocho de noviembre. Toda una declaración de principios. Y una gota de agua en el desierto para los familiares de las víctimas de ambas masacres. Miles de personas marcharon el domingo hasta la ciudad de Sacaba, donde un año atrás un operativo conjunto de la policía y el ejército se cobró la vida de al menos diez manifestantes. Luego de una misa y al leer el nombre de cada víctima, se detalló su causa de muerte: en todos los casos fue por impactos de bala en distintas partes del cuerpo. “Para los familiares ha sido un año muy difícil porque además de la vulneración al derecho a la vida de sus seres queridos tuvieron que enfrentar la estigmatización y discriminación por su origen y cultura”, asegura Ruth Llanos, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASOFAMD), en diálogo con PáginaI12.

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 36 personas perdieron la vida en distintas regiones del país durante los conflictos posteriores al golpe de Estado contra Evo Morales. Al día de hoy no existe un solo imputado y la justicia brilla por su ausencia. Buscando acelerar los tiempos, la Asamblea Legislativa aprobó a fines de octubre el inicio de un juicio de responsabilidades contra la presidenta interina Jeanine Áñez y varios de sus exministros. Además el flamante ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que una misión de la CIDH llegará al país el 23 de octubre para investigar los hechos.

Cacería en Sacaba

La masacre de Sacaba ocurrió el 15 de noviembre de 2019 aunque empezó a tomar forma días antes. El 13 de noviembre, en una reunión en la Estación Policial Integral de Huayllani, Cochabamba, el Comandante Departamental Jaime Zurita le advirtió al dirigente del sector campesino de ese departamento, Jhonny Pardo: “Si ustedes ingresan a la ciudad, los voy a cazar”. El Decreto Supremo 4078 autorizaba a las fuerzas armadas a realizar operaciones para “reestablecer el orden” y eximía a los militares de cualquier responsabilidad penal. Fue el aval del régimen para que sus oficiales actúen con total impunidad.

Durante la jornada del 14 de noviembre, una marcha encabezada por militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y productores de hoja de coca del Trópico buscaba llegar hasta la ciudad de Sacaba. “Éramos muchos, entonces salimos en una marcha pacífica con banderas y nada más, protestando y pidiendo paz y que paren los maltratos contra las mujeres de pollera”, asegura en diálogo con este diario Juan Carlos Gutierrez, un joven de 23 años gravemente herido durante la manifestación.

Los testimonios de las horas previas al horror van todos en la misma dirección. “Mi hermano salió en una marcha pacífica de aquí del Trópico acompañado por mi madre y mi padre. Salió en defensa de la democracia y el derecho de las mujeres de pollera, porque los motoqueros y pititas estaban humillando a las mujeres. Lamentablemente el gobierno de facto ha levantado bala contra su propio pueblo”, cuenta a PáginaI12 Angélica Calle, hermana de Omar Calle, una de las víctimas fatales de Sacaba.

El 15 de noviembre los manifestantes intentaron ingresar a la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, a la altura de la Avenida Villazón, en el puente Huayllani, una gran cantidad de policías y efectivos de las fuerzas armadas los esperaban con barricadas de tanquetas, dos helicópteros y una avioneta sobrevolando el lugar.

Pasado el mediodía, los dirigentes negociaron el paso de la marcha con la policía y las fuerzas armadas. Les habían permitido el acceso bajo la condición de revisar sus mochilas. A pesar de las negociaciones la marcha seguía detenida, lo que generó mayor impaciencia entre los manifestantes. En ese lapso de tiempo se produjeron los primeros empujones y forcejeos. “Empezaron a gasificar, todos escapaban por todos lados. Otros no sabían qué hacer. Se iban cayendo las mujeres, entonces yo ayudé a una señora a entrar a una tiendita frente al surtidor. Ahí entramos muchos”, recuerda Gutierrez.

De repente empezó a cambiar el sonido y el ambiente. Ya no eran gases, eran armas de fuego. “Traté de defender para que no pase el tanque, empezamos a quemar gomas, poner piedras para no dejar pasar. Seguí defendiéndome con lo que podía. Decidí salir y recibí un impacto de bala. Sentí como si una aguja me hubiera zunchado. Me miré y estaba lleno de sangre, el impacto fue en mis testículos. Ya no pude caminar y me ayudaron entre cuatro”, dice Gutierrez. Con la misma angustia de hace un año, el joven sostiene: “Nos dispararon sin asco”.

Pero el desastre no terminó ahí. La barricada policial no permitía el paso de las ambulancias que transportaban heridos graves. Varios detenidos fueron trasladados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde fueron recibidos con golpes y al grito de: “Masistas de mierda, los vamos a matar”. El saldo de la represión policial y militar fue de al menos diez muertos y aproximadamente 124 heridos, según la Defensoría del Pueblo.

“Estos militares me lo han matado a mi hermano por la espalda con un impacto de bala que le llegó directo al corazón”, cuenta Angélica Calle sobre Omar, el único varón de los seis hermanos. Lo único que quiere ahora esta mujer que habla con tono pausado pero firme es que “paguen estos asesinos que le arrebataron la vida”.

“Con justicia ganaremos”

El final del gobierno de facto, pero sobre todo el triunfo de Luis Arce en las presidenciales de octubre, renovaron las esperanzas de las familias sacabeñas. El flamante ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó que el 23 de este mes llegará al país el titular de la CIDH, Joel Hernández García, junto a cinco expertos internacionales para enfocarse en una investigación que buscará esclarecer las muertes ocurridas en Sacaba y en Senkata, cuatro días después. Allí, manifestantes que bloqueaban una planta de gas envasado fueron salvajemente reprimidos con la misma dinámica empleada en Sacaba: gases y armas de fuego.

Existe esperanza tanto de las víctimas así como de las organizaciones que deseamos ayudar, para avanzar en los juicios. Sin embargo, somos conscientes que son procesos que se desarrollarán durante varios años”, advierte Ruth Llanos desde la ASOFAMD. El joven Gutierrez, que experimentó el horror en primera persona, es mucho más expeditivo: “Sólo pido justicia. Con justicia ganaremos”. (Página 12)

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