Pedro Blanco: El “doble asesinato” del que fue Presidente del país por seis días

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Pedro Blanco fue asesinado dos veces. Primero físicamente y luego moralmente. Fue elegido Presidente de Bolivia el 26 de diciembre de 1828. Seis días después su cadáver estaba siendo arrojado a una quebrada y, ese mismo día, comenzaron a asesinar su prestigio y su memoria. El mariscal Andrés de Santa Cruz tendió sobre ese doble asesinato un manto de olvido, perdonando a los culpables con un decreto de amnistía. Uno de los responsables del golpe que dio fin a su Gobierno, Mariano Armaza, murió años después por mano criminal; el otro, José Ballivián, fue presidente de la República, y aunque murió en el exilio su memoria es todavía venerada.

Aquel hecho terrible puede revelar las dificultades y contradicciones del nacimiento de la República, aunque ha merecido muy poca atención de los historiadores. Para las generaciones recientes no es más que una anécdota: la del Presidente constitucional más efímero de la historia. La persistente defensa que han hecho de Blanco sus descendientes no ha tenido mayor efecto. Sus hijos, Federico y Cleómedes, dedicaron muchos esfuerzos a restablecer la honra y defender la memoria de su padre, con éxito muy limitado. Pero un reciente libro de Álvaro Moscoso, “Pedro Blanco en la encrucijada”, podría reabrir el debate bajo un nuevo enfoque.

Pedro Blanco tuvo una carrera militar similar a la de muchos otros oficiales. Se formó en el ejército realista, que era el único profesional, y durante las luchas por la independencia fue cautivado por la causa patriótica y terminó asimilado al ejército rebelde que se iba formando. En 1828 tenía el rango de coronel y comandaba un regimiento importante en Cotagaita.

La República había sido declarada apenas tres años antes. Su gran artífice, Casimiro Olañeta, utilizó la vanidad de Bolívar para doblegar sus reticencias. Hacia 1828 los libertadores todavía ocupaban el Alto Perú al mando de un ejército formado en su mayoría por soldados y oficiales colombianos, venezolanos y ecuatorianos. Ese ejército se mantenía en el país como parte de los planes de Bolívar para crear una gran federación americana y representaba una pesada carga para la naciente República. Los mismos soldados querían volver a sus hogares y las tensiones y trifulcas con los habitantes del país eran crecientes. Había dejado de ser un ejército de liberación y actuaba como uno de ocupación. El mariscal Sucre lo sabía pero permanecía en Chuquisaca solamente por su disciplina militar, obediente al mando del Libertador.

Parte de esa molestia fue aprovechada para desatar el amotinamiento de sus propios soldados que el mariscal Sucre logró sofocar en abril de 1828. En la refriega fue herido y debió ceder el Gobierno a su consejo de ministros, presidido por Pérez de Urdininea.

En la vecina República del Perú también habían fuerzas nacionalistas que buscaban consolidar su independencia sin formar parte del proyecto Grancolombiano de Bolívar, cuyo ejército amenazaba invadirlos por el norte y, desde la Bolivia gobernada por Sucre, por el sur. Los peruanos decidieron entonces neutralizar esta amenaza y enviaron un ejército al mando de Agustín Gamarra. Con Sucre herido, su tropa desmoralizada que añoraba volver a sus tierras, y un generalizado malestar popular, el Gobierno interino no podía defenderse. Blanco lo comprendió y, en vez de sumar sus tropas a una batalla que terminaría en una derrota de consecuencias imprevisibles, proclamó su decisión de alejarlas del combate. De esta manera precipitó una negociación que acordó que tanto el ejército peruano como el colombiano salieran definitivamente del territorio boliviano, sin violencia.

Por la importancia de esta gestión Moscoso subtitula su libro como “La última batalla por la independencia de Bolivia”.

Se dijo después que, en las negociaciones, el peruano Gamarra había recomendado el ascenso de Blanco. Fuera o no cierto, el hecho es que la Asamblea Nacional hizo general a Blanco y, una vez reunidos los representantes de la Convención, centraron su debate en las opciones de adherirse al proyecto colombiano, impulsar la unión del Alto y el Bajo Perú, o afianzar la independencia. Nuevamente triunfó esta idea.

La Asamblea, que entonces actuaba como colegio electoral, eligió presidente a Blanco. El joven general llegó a Sucre poco después y fue posesionado el 26 de diciembre de 1828. Era el primer boliviano que ocupaba la presidencia de su República.

El 31 de diciembre los coroneles Armaza y Ballivián tomaron preso a ese Presidente y exigieron que la Asamblea designara a otro en su lugar. Antes de que se adoptara una decisión, Pedro Blanco fue asesinado.

Pocos días después la Asamblea eligió como presidente a Santa Cruz, quien tomó posesión en La Paz el 19 de mayo de 1829.

Comenzó entonces el segundo asesinato de Blanco. Se justificó su derrocamiento acusándolo de haber traicionado al Gobierno legalmente constituido que presidía Sucre, y de haberse entregado a las tropas invasoras de Gamarra. Una “doble traición” quizás, pero que consolidó la República.

Como recordamos antes, el sentimiento independentista en Bolivia era generalizado y, aunque también se apreciaba y respetaba al mariscal Sucre, la demanda de sacar de una vez al ejército colombiano era compartida. El propio Sucre, que entró al Alto Perú obedeciendo a desgano las órdenes de Bolívar, había pedido varias veces que se le permitiera retornar junto al ejército para desmovilizarlo en su patria.

Tampoco tenía apoyo la Constitución que había propuesto Bolívar, sobre todo por el carácter vitalicio que tenía la presidencia. Ya entonces los bolivianos sabían que la democracia exigía la renovación del poder.

Es decir, todos querían que el ejército libertador se fuera de una vez y se reformara la Constitución, pero nadie quería enemistarse con Bolívar ni Sucre, y mucho menos afectar el mito fundacional de los “padres de la patria” que construyó Olañeta con notable astucia.

Una vez muerto Blanco, resultó el culpable perfecto.

Todos se limpiaron las manos con el difunto Blanco. Incluso Santa Cruz, que quería a Sucre tan lejos como fuera posible, lamentó en público su ausencia y empezó a cultivar la falsa frustración de una Patria Grande que, desde entonces, todos dicen desear pero ninguno busca en los hechos. Quién sabe si para ocultar lo sucedido o evitar que se descubrieran las muchas verdades y mentiras que se iban tejiendo en esos difíciles días, Santa Cruz proclamó una amnistía y decretó el olvido sobre lo ocurrido hasta entonces, completando el sacrificio de Blanco, cuya verdad acabó siendo también enterrada. ¿Qué mayor prueba de culpa que un cadáver?

El asesinato moral terminó justificando el asesinato físico y la historia oficial ha normalizado una versión de los hechos que santifica a Bolívar y Sucre, con merecimientos, pero que al mismo tiempo ignora la inteligencia de políticos como Olañeta y el sacrificio de militares como Blanco. La República también la construyeron ellos y no merecen la memoria ignominiosa a la cual se los ha condenado.

 

(LOS TIEMPOS)