las campesinas insomnes

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Siempre en el mismo lugar de la ciudad de La Paz y sólo cuando la noche cubre la urbe, centenares de campesinas instalan sus puestos “clandestinos” donde negocian, regatean y, muy a menudo, rematan sus cosechas. Ni bien la ciudad despierta, emprenden sigilosas el retorno a sus comunidades.

La travesía de las campesinas insomnes

Martha Irene Mamani Fotos Rubén Martínez Miranda

 

Cada lunes y jueves por la noche, decenas de camiones de carga, buses y minibuses interprovinciales irrumpen en la ciudad de La Paz por la zona Sur. Se mueven casi silenciosos y más tarde desaparecerán de la misma manera. Trepan las calles y avenidas que conectan con la céntrica zona de San Pedro hasta instalarse en inmediaciones del mercado Rodríguez. Los camiones, viejos y polvorientos, tiñen de aire campesino la ciudad. Esta travesía se extiende hasta pasada la medianoche y es el principio del mayor mercado nocturno de alimentos que acaece cada madrugada de martes y viernes.

Las productoras no tienen puestos fijos, no pueden permanecer por mucho tiempo en los lugares “clandestinos” en los que se instalan porque la ciudad, apenas despierta, las aborrece. Además, con los primeros rayos del sol tienen que retornar a sus comunidades a cuidar de sus cultivos, animales e hijos. Los compradores no son los consumidores finales, sino los revendedores, la mayoría mujeres, llamadas alakipas en aymara. Ellas, bajo la luz del día, comercializarán los productos al por menor en el céntrico mercado Rodríguez y en otros mercados importantes de la ciudad.

 Los bultos de alimentos se confunden con personas que yacen a lo largo de las calles y sobre las frías aceras.

Los alimentos frescos, como repollo, lechuga, coliflor y brócoli, están embalados en ch’ipas, una malla de cuero que empaca los productos revestidos de plástico, pajas y hojas frescas. También transportan en cajas y sacos una gran variedad de hortalizas, verduras, frutas, flores y tubérculos. El cargamento llega desde comunidades campesinas perdidas en las faldas de los nevados Illimani y Mururata, y desde la cuenca del río La Paz. Algunas de las comunidades que alimentan a los paceños son Murucato, Palljo, Tawapalca, Illimani, Cebollullu, Zona Zona, Palomar, Chañoraña, Huaricana, Challja, Tirata, Cohoni y Quillihuaya.

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Todo comienza muy temprano en las comunidades, mucho antes de que el sol levante el día. A esas horas de la mañana las familias cosechan los productos, los embalan y luego los transportan hasta los caminos principales. Al atardecer los hombres tienen la extenuante labor de cargar los camiones y asegurase de despacharlos antes que las sombras nocturnas comiencen a recubrir el paisaje. Las mujeres tienen la tarea de comercializar la producción en la madrugada; algunas llegan antes que los camiones a la ciudad de La Paz para esperar el cargamento, otras, las que tienen acuerdos previos con los cargadores, llegan mucho después. Emprenden el viaje en minibuses y buses –algunos arcaicos y destartalados– que también transportan cargas pero de menor peso y volumen. Ellas –jóvenes, adultas, ancianas– desafían la penumbra urbana, saben mejor que nadie cómo funciona el mercado, sus bondades y crueldades, sus resquicios y el contexto hostil. Raúl Tambo, uno de los agricultores de edad avanzada que vive en la comunidad Quillihuaya, en el municipio de Palca, explica el papel central de las mujeres: “ellas ya saben cómo negociar, regatear y defenderse”.

Una vez que ubican los camiones en los que sus esposos despacharon los alimentos, ellas proceden a descargar con ayuda de cargadores y ayudantes. No todo está  a la deriva, la noche no es necesariamente sinónimo de caos y confusión. Dentro de ese aparente desorden hay roles, tiempos y espacios definidos. El cargamento que llega es acomodado por sectores: la mayoría de los productores de Illimani (municipio de Palca) se instalan en inmediaciones de la calle Zoilo Flores; generalmente los de Río Abajo (municipio de Mecapaca) ocupan la calle Luis Lara. Y dentro de cada sector y zona ocupada, las mujeres se organizan por comunidad, y al interior cada familia productora se instala según el orden de llegada.

Como es de esperar, no existe información oficial sobre los volúmenes de alimentos que se transan. Según una estimación aproximada de Roxana Benítez, Jefa de la Unidad de Mercados del Gobierno Municipal de La Paz, ingresan por día unos 40 camiones de productos frescos desde Palca y Río Abajo. Por su parte, René Aruquipa, Alcalde del Gobierno Municipal de Palca, estima que cada comunidad saca de cinco a seis camiones por semana y que por Río Abajo entran a la feria unos 200 camiones semanalmente.

Ch’ipas en el camino, listas para ser transportadas a la ciudad.

 

Vigilia

Aproximadamente a la una de la madrugada, las mujeres terminan de instalar sus puestos de venta en los sitios provisionales. Esperan el momento de la venta acurrucadas sobre la calzada, arrimadas a sus cargamentos. Algunas tratan casi inútilmente de agarrar retazos de sueño, unas ríen y otras tejen conversaciones en su idioma nativo, aymara y algo de castellano, mientras vigilan sus productos acullicando hojas de coca. Los bultos de alimentos se confunden con personas que yacen a lo largo de las calles y sobre las frías aceras. Son posadas improvisadas donde no faltan niños y niñas junto a sus madres.

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Virginia es una de estas campesinas insomnes. Está instalada en la calle Zoilo Flores y mientras se prepara para dar de lactar a su bebé expresa su preocupación porque su cosecha no arribó. A pesar de ese contratiempo, el hecho de no estar sola ilumina su semblante. Está rodeada por decenas de mujeres de su comunidad, Huaricana, ubicada en el municipio de Mecapaca. Las más de 300 familias que viven allí venden su cosecha en la calle Rodríguez esquina Zoilo Flores, aunque no siempre están todas al mismo tiempo ni el mismo día. Esto depende en parte del calendario agrícola, pero sobre todo del potencial productivo de sus tierras. En promedio cada lunes y jueves llegan de seis a siete camiones de esa comunidad. Mercedes es otra agricultora y es también amiga de Virginia.

Ambas conversan amenamente para mantenerse en vigilia mientras esperan la llegada de sus cargas. Desprecian el sueño porque vender sus cosechas es una de las tareas decisivas en sus vidas. Si no vendemos no hay plata, dicen.

—Virginia, ¿hoy no dormirás?, ¿dormirás cuando retornes a tu casa? —pregunto a modo de romper el hielo.

La mujer joven suelta una risa irónica porque, a todas luces, la pregunta es tonta. Atina contestar: “trasnocharse siempre es”. Para ella, es imposible dormir las noches en que debe vender sus productos. Tendrá que regatear buscando el mejor precio posible y evitar quedarse con saldos porque sería atroz retornar a Huaricana con las ch’ipas y cargas sin vender o entregarlas a las alakipas en calidad de fiado. Y en unas horas, cuando esté de nuevo en su casa, por supuesto que no dormirá. En el campo es inconcebible dormir de día.

Vender por la noche es la única elección posible para los productores de alimentos. Están obligados a hacerlo como si se tratase de una actividad delincuencial. “Siempre fue así, nuestros abuelos han vivido lo mismo”, cuenta Virginia. Y Katherine Fernández, investigadora e impulsora de la Plataforma Agrobolsas Surtidas, explica que los agricultores comercializan sus productos de noche porque es el único momento en que pueden vender. De día esas calles están reservadas para los minibuses y las aceras tienen “dueños” a cada paso. Se adaptaron a un horario clandestino, nocturno, como si se tratase de una actividad ilegal. Según Aruquipa, la autoridad edil de Palca, la raíz de esta estrategia campesina está en la falta de mercados para los productores.

Mercedes sabe que la falta de mercados para el productor es un problema sin solución. Ella es una de varias mujeres que no se quedaron con los brazos cruzados. Recuerda que, junto a sus compañeras, varias veces reclamó ante las autoridades locales no solo por un mercado, sino por los maltratos que reciben. Pero nadie escuchó sus pedidos. “Fue en vano”, dice resignada. Por su parte, Virginia recuerda que sus abuelos tenían puestos de venta en uno de los cuatro bloques del mercado Rodríguez llamado Belén. Pero el lugar quedó chico hace muchos años. Se sabe que la abuela de Virginia tenía un puesto pequeño donde apenas cabía una ch’ipa y que hasta hace poco estaba ocupada por una de sus hijas. Sus otros cinco hijos, incluyendo la mamá de Virginia, no llegaron a tener cabida en el lugar. Hoy en día ese puesto sirve más para depósito que para venta.

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Pero aparentemente no todo está mal, según explica Teddy Fernández, responsable de Ferias Agropecuarias de la Agencia de Desarrollo Económico Local del municipio de La Paz. Actualmente, esta Agencia está impulsando la creación de mercados alternativos dada la saturación y obsolescencia de los mercados tradicionales. El Mercado Campesino Zenobio López, ubicado en la final Villalobos, en Villa Armonía, es uno de estos emprendimientos inicialmente orientado al fortalecimiento de circuitos cortos de comercialización del área metropolitana que comprende los municipios de Achocalla, Palca, Mecapaca, Viacha, Laja y El Alto. Sus 40 carpas, cada una con dos puestos de venta rotativos, se activan una vez al mes. Pero esta iniciativa que arrancó en la gestión municipal de Juan del Granado aún no termina de consolidarse del todo. Los temas políticos por conflictos limítrofes irresueltos entre municipios también tienen peso a la hora de coordinar, alega Fernández.

De vuelta al mercado Rodríguez donde las mujeres conversan aguardando el momento de la venta, a las dos de la madrugada casi todos los camiones completaron el viaje, incluyendo el que trajo la carga de Virginia. Los únicos hombres que se mueven entre las sombras son los estibadores, así llamados ahora ante el sentido despectivo que adquirió la palabra “cargadores” o, en aymara, aparapitas. Por allí anda Vicente, uno de los estibadores que trabaja para el sector de Río Abajo. En un momento de descanso cuenta que su labor comienza hacia las ocho de la noche y termina en el mejor de los casos a una de la madrugada. Pero no siempre es así  porque en las noches de lluvia, cuando los caminos se inundan y las cargas llegan con demora, él y otros estibadores se trasnochan varias horas más. Esta noche le toca esperar nuevamente. Su carga no llega y tendrá que aguardar para iniciar su faena. “Lo que pasa –explica el hombre de edad avanzada– es que el trabajo es demasiado cansador, el cuerpo no da y el pago es poco”. Su labor consiste en recibir la carga del camión y transportar “a lomo” (en su espalda) hasta el improvisado puesto de la propietaria. Por cada ch’ipa recibe como pago un boliviano y cincuenta centavos. Otros estibadores se encargan de transportar la carga que se transa en idas y vueltas que abarcan varias calles. Él ya renunció a ese trabajo mayor que remunera mejor. Está viejo y cansado.

Alakipas: expertas negociantes

 

Son las tres de la mañana, momento en que la temperatura cae al mínimo en la ciudad de La Paz, aunque es incapaz de doblegar a las mujeres campesinas. A esa hora arriban los compradores, mayormente con rostro de mujer. Son las alakipas o  intermediarias, mayoristas, rescatistas, “terciarizadoras”. Son mujeres habilosas en este negocio y dispuestas a regatear y a veces a presionar al límite para obtener la mayor cantidad de productos al menor precio.

Es el momento en que las agricultoras ponen en exposición sus productos y anuncian en aymara y castellano. Las mujeres más adultas solo ofrecen en aymara.

— “Comprame” casera, fresquito es.

— “Llevate” papa, caserita.

— Ven casera, te voy rebajar. Recién cosechado es.

— Es de Illimani.

— Perejil, el amarro a dos bolivianos.

Las compradoras pasan, revistan pacientemente, puesto por puesto, calle por calle, sector por sector. Sin mostrar interés preguntan por el precio, examinan los bultos, cambian de interlocutora. A veces retornan para examinar mejor los productos. No son compradoras compulsivas. De ninguna manera.

—Te estoy ofreciendo 100 bolivianos. De día los compradores miran. Está lastimado, dicen. No compran fácil. Ya no es como antes. Ni en El Alto es así —comenta una de las compradoras, en un tono petitorio convincente, mientras ausculta con detenimiento la caja de tomate.

—No, no. Que sea 120 bolivianos, la caja está completa y no tiene ni uno dañado. Si quieres revisamos y contamos uno por uno —replica la productora con una seguridad inquebrantable y sin quitar la vista de su caja de más de 40 libras de tomate.

El precio es un asunto en discusión sin fin entre las campesinas y las alakipas. Las compradoras nunca están de acuerdo con los precios que piden las vendedoras, sin importar si son altos o bajos. La estrategia es siempre pedir  rebaja, y el último resquicio para sacar ventaja está en pedir la yapa (una cantidad adicional o extra del producto). De un modo y otro, el precio fijado por las productoras no será el precio de venta final. En la calle Zoilo Flores, eso acaba de experimentar una mujer que trajo gladiolos blancos. Por cada ramo de gladiolos pide 10 bolivianos, pero sus dos compradoras regatean con una habilidad combinada. Una de ellas ofrece pagar 15 bolivianos pero por dos ramos de flores mientras que la otra oferta 9 bolivianos por cada ramo con el argumento de que compraría varios. Es el libre mercado sin regulaciones en su plena expresión.

Virginia está de pie entre sus diez ch’ipas de repollo. Hoy espera por las compradoras casi sin pronunciar una palabra. No espera a ninguna alakipa conocida, no tiene clientes fijos al igual que la mayoría. Tiene la secreta esperanza de que el precio de una chip’a de repollo al menos alcance unos 70 bolivianos. La semana anterior vendió solo a 50 bolivianos, que es el precio de la temporada. Sabe muy bien que cuando el mercado se satura, tendrá que conformarse con obtener 40 bolivianos por su producto. Esta noche sus posibilidades oscilan entre llevarse a casa 400 a 700 bolivianos por las diez ch’ipas.

Jovencia es otra agricultora que llegó de la comunidad Choquecota, perteneciente al municipio de Palca. Acostumbra vender arvejas y habas verdes, relata que, al final de cuentas, las alakipas son las que deciden los precios. No siempre lo hacen de la mejor manera porque, en muchos casos, es por la fuerza. La estrategia violenta entra en escena con el traspaso de los productos a los sacos de la compradora; es casi una celada oculta bajo palabras en tono de súplica y, una vez que tienen el producto en sus manos, ofrecen unos billetes que no reflejan el precio acordado. Los reclamos son acallados con enojos y amenazas de devolver el producto que está listo para transportar. La interpretación de la activista de Agrobolsas, Katherine Fernández, no se distancia de esta observación. Según ella, los intermediarios son quienes fijan el precio de los productos agrícolas y el Ministerio de Desarrollo Rural toma éstos  como precios oficiales para su difusión pública.

Poner a los intermediarios en el banquillo de los acusados es habitual. Muchos desearían que no existieran, pero lo que puede parecer paradójico a primera vista es que los agricultores no tienen necesariamente la misma percepción. El productor Raúl Tambo, de Quillihuaya, explica que al no existir puestos de venta fijos para los productores, ellos obligatoriamente necesitan de las alakipas. Les urge vender cuanto antes porque deben retornar a sus casas y parcelas. Los cultivos y los animales son como bebés y demandan cuidado y atención todos los días. Este es un pequeño gran detalle que no se toma en cuenta a la hora de abogar por un mercado campesino para la comercialización directa del productor al consumidor.

Pero hay un problema mayor y es que la agricultura campesina no es rentable. Veamos los costos de producción del choclo, uno de los alimentos que allí se suministran. Raúl siembra anualmente cerca de 2.700 metros cuadrados de choclo, con una inversión de 1.500 a 2.000 bolivianos para la semilla, abono, plaguicidas y mano de obra externa, sin contabilizar el costo de mano de obra familiar. Anualmente cosecha en promedio 40 bolsas de choclo y vende entre 100 a 60 bolivianos la bolsa. “En este caso entro en quiebra”, se lamenta refiriéndose al precio más bajo. Solo cuando le pagan 100 bolivianos recupera su inversión. Generar ganancias es deseable pero la familia de Raúl se acostumbró a entender su éxito como la recuperación del capital invertido. A esto se suma el costo de transporte y de descarga: 10 bolivianos por bolsa. “Este es un precio fijo. Al camionero no le importa si el precio del choclo ha bajado o si no se vendió”, explica el agricultor con amargura. En el mejor de los casos su “ganancia” puede alcanzar unos 1.500 bolivianos, lo que apenas recompensa su esfuerzo familiar.

Benjamín, otro agricultor de la comunidad Bella Vista de Palca, concluye: “Ser productor de ninguna manera es fácil, aparte de la carencia de mercados, es un trabajo que implica mucho esfuerzo y arroja poco o casi nada de ganancia”. Mira sus manos y con pesar afirma: “… Por eso están cómo están los campesinos: no salen de su situación de pobreza. Usted ya sabe, no hay campesinos ricos”.

El Remate

Son las cinco de la mañana y el alumbrado público todavía tirita tozudamente. Para los paceños es temprano pero ya tarde para las campesinas. Las que terminaron de vender solo hacen hora para emprender el retorno. Las que no lograron vender todos sus productos se muestran exasperadas y nerviosas. Quedarse hasta esa hora con productos es el anuncio de que llega el regateo y la subasta.  A esa hora, las alakipas que compran cantidades mayores montan en unos taxis acondicionados especialmente para transportar cargas y se pierden por las serpenteantes calles y recovecos de la ciudad con rumbo a otros mercados como Garita de Lima, Uruguay, Cementerio y El Tejar. Algunas llegan incluso a las villas: Fátima, Armonía y Copacabana. Otras hasta otros municipios como Achocalla y El Alto.

Los precios comienzan a caer y atraen a compradoras menores. Esta vez son las productoras las que rebajan sus expectativas. La unidad de lechuga que costaba dos bolivianos hace unas pocas horas, ahora se ofrece en un boliviano. Es mejor así, afirman resignadas, porque podría ser peor dentro de una hora.

Mercedes conoce muy bien que las alakipas beneficiarias son las que se pasaron horas esperando el momento de las rebajas. Relata que las mujeres que están al frente de su puesto son conocidas y suelen decirles: “si ahora no quieres rebajarme, más tarde lo harás y al precio que yo quiera”.

 La Guardia Municipal llega. Tiene la orden de despejar las calles y aceras.

 

Son casi las seis de la mañana. La ciudad despierta de su letargo y es el momento de tensión entre las actividades nocturnas y diurnas. La lucha por el espacio público crece y cobra ribetes de discriminación y racismo. Una mujer dueña de una tienda de abarrotes vocifera mientras intenta despejar torpemente unas ch’ipas de coliflor, escoba en mano.

—Levántense, ¿hasta qué hora se van a quedar? ¿Quieres que yo te consiga un cargador? Ustedes no limpian, ni su culo se limpian.

Nadie interviene. Compradoras, vendedoras y transeúntes son sordomudos de conveniencia. La mujer maltratada tampoco replica. Se limita a obedecer y arrastrar sus cargas unos metros más allá.

—Ya pues, levántense. Ustedes siempre están ahí sentadas. ¿A ver yo iré a tu casa a vender? —recrimina otra mujer entrada en años al tiempo que supervisa los paquetes de embutidos que recibe en su tienda. El hombre de cuerpo minúsculo que la acompaña dice: “nosotros tenemos una federación, estamos organizados, pagamos, no es así nomás sentarse”.

El conflicto por el control de las aceras se resuelve a favor de las comerciantes que tienen patentes municipales por el uso de espacios públicos como puestos de venta. Están protegidas por las normativas y con apoyo de la guardia municipal. Hacia las siete de la mañana, las productoras son echadas definitivamente.

Virginia y Mercedes saben muy bien que no son bienvenidas a esa hora. Otras veces fueron víctimas de violencia con resultados mucho peores. Mercedes recuerda que un día una de sus compañeras apareció con la cabeza ensangrentada. La furiosa dueña de un puesto le había propinado un golpe certero con una escoba. Con encono en su voz afirma: “Ellas son malas, nos insultan; al contar con permiso municipal, desde las cinco de la mañana ya montan sus puestos. Son mujeres migrantes del altiplano que se ‘refinaron’, ellas son las más abusivas”.

Nos vamos, pero volveremos

Hacia las seis y media  de la mañana, por la calle Boquerón avanza una camioneta roja de propiedad del Gobierno Municipal de La Paz. Transporta media docena de gendarmes municipales que tienen la orden de despejar las calles y las aceras.

—¡Vienen!… ¡viene la batida! ¡joven, cargámelo!  ¡apúrate!, grita atropelladamente un grupo de mujeres.

—¡Batida es, ya vienen los ladrones!, dice otra campesina insomne. —No hables así —la reprocha otra comunaria.

Nadie está inmóvil. No es momento de protocolos y buenos modales. Todas se agitan y comienzan a transportar sus bultos. Las reiteradas intervenciones de los guardias municipales les han enseñado a no quedarse paralizadas. Hay que actuar para protegerse y, sobre todo, es momento de sujetar con fuerza las cargas.

Los jóvenes uniformados, Castillo y Callisaya, con voz de mando instruyen sin mayores explicaciones ni detenimiento:

—De una vez señoras, ¡retírense! A esta hora la Boquerón debe quedar expedita.

El pasajero de un bus que se dirige a la populosa zona norte interviene, asomado por la ventanilla:

“¡Acaso ustedes no tienen mamá! ¡A ver que a su mamá le hagan eso! ¡No abusen, no sean desconsiderados! ¿No saben comer?”.

Los guardias municipales no se perturban. Uno de ellos ofrece una explicación sabida. Ellas no tienen autorización para vender en la calle a esa hora; que los vecinos se quejan permanentemente por la obstrucción de la vía pública; que la calle Boquerón debe quedar expedita, caso contrario corresponde el decomiso aunque las vendedoras podrían acomodarse en la calle Luis Lara. “Les estamos colaborando”, enfatiza otro guardia.

A medida que amanece, las vendedoras se 
afligen y los precios bajan. Aún así, ellas volverán. Si no es el jueves será el martes.

Emilio Limachi es el secretario general de la Subcentral Huancapampa, del municipio de Palca. Explica que la llegada de los guardias municipales significa rematar los productos a precio de gallina muerta; incluso llegan a regalar a la gente para evitar el decomiso. Prefieren bajar los precios a retornar con productos a la comunidad o quedarse otra noche más en la ciudad. Ahora el precio de una unidad de lechuga desciende a cincuenta centavos, la cuarta parte del precio que pedían a las tres de la madrugada. No faltan compradores, de hecho la llegada de guardias es también el momento en que aparecen más alakipas. Esto levanta sospechas entre las vendedoras porque, al parecer, es una batida combinada entre gendarmes y compradoras.

Roxana Benítez, una de las autoridades ediles, afirma que los productores tienen “autorización” desde las diez de la noche hasta las siete de la mañana porque es evidente que los paceños requieren abastecerse de alimentos. Pero enfatiza en que las calles tienen que estar expeditas en el día para dar paso a los comerciantes con patentes, a vehículos y peatones.

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A las ocho de la mañana las calles que fueron refugio de las vendedoras son un infierno comandado por los minibuseros. Donde hubo productos agrícolas, el transporte público se abre paso a bocinazos y los apurados transeúntes avanzan esquivando los puestos de venta con patentes. Sólo quedan algunas hierbas verduscas como rastro del mercado clandestino de alimentos. El paso de las campesinas insomnes ha sido fugaz como las estrellas, pero lograron suministrar los alimentos que llegarán a la mesa de los paceños. Si no es el jueves, volverán el martes.

 

(PAGINA SIETE)